Diputados no pueden derogar ley cambia los días feriados

La Cámara de Diputados envió a una comisión una propuesta para derogar la Ley 139-9 que establece que los días feriados del calendario que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes, serán trasladados de fecha.La propuesta del diputado Radhamés Castro recibió votos favorables pero no lo suficiente y fue devuelta a la comisión Permanente de Trabajo para una nueva evaluación que incluye la celebración de Vistas Públicas, para que todos los sectores opinen sobre la iniciativa.Una de las motivaciones del proyecto expresa que más que producir bienes materiales, espirituales y patrióticos los ha reducido considerablemente y señaló que sólo hay que ver lo que ocurre el día del Padre de la Patria, el día de la Constitución o el día de los Santos Reyes.Además señala que la ley 139-97 ha creado una situación difícil para el sistema educativo, perdiéndose hasta 36 días de clases del calendario escolar.

Igual situación ocurrió con el proyecto de Ley mediante el cual se prohibe utilizar recursos o fondos fiscales procedentes de la Ley de gastos públicos o de préstamos, en la compra de bienes y servicios importados, cuando existan bienes y servicios de calidad adecuada producidos en el país.La iniciativa del diputado Pelegrín Castillo fue presentada con un informe desfavorable de la Comisión Permanente de Industria y Comercio, que pedía su rechazo.Fue devuelto a la comisión de Industria y Comercio, luego de que el propio Castillo, Mario Fernández Saviñón, Bernardo Sánchez y Cristian Paredes ponderaron las cualidades del proyecto que beneficiarían a los productores nacionales y deploraron que no fueran consultados sobre el proyecto que busca protegerles frentes a las importaciones masivas que se realizan de bienes y servicios en su perjuicio.PréstamoLos diputados ratificaron un contrato de préstamo por un monto de US$19 millones, negociado con el Fortis Bank, para el financiamiento de la etapa preliminar del proyecto múltiple Monte Grande (estudios de factibilidad).

El contrato ya fue sancionado por el Senado y será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.La construcción del proyecto estará a cargo de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez y Asociados y la compañía dominicana Servinca Ingenieros y Arquitectos y será supervisado por el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI).El crédito sometido por el Ejecutivo sería utilizado para los estudios de factibilidad de la presa de Monte Grande, cuyo costo total sería de unos US$270 millones, financiados por el gobierno brasileño.

Por: Román Tamayo